Hace
unas semanas el presidente Peña Nieto ya se vio orillado a hacer de tripas
corazón en el caso de los videos donde se observa a varios funcionarios del
estado planeando la compra del voto.
El
escándalo cobró sus víctimas: Salvador Manzur, amigo del gobernador, fue
removido de la secretaría de Finanzas, y Ranulfo Márquez, priista de viejo
cuño, experto en operación electoral, fue retirado de la representación de la
Sedesol en el estado por Rosario Robles.
Pero
ni la jefa de Desarrollo Social del país ni Javier Duarte fueron investigados
por las autoridades, o, por lo menos, reprendidos por el Ejecutivo federal, aun
cuando la difusión de las reuniones ilegales manchó las buenas intenciones del
PRI contenidas en el Pacto por México, cuyos remiendos posteriores beneficiaron
a la oposición. (Recuérdese también el “aguanta Rosario” de Peña Nieto en clara
señal de respaldo).
Esta
vez, la denuncia del PAN incluye al exgobernador Fidel Herrera, acusado de orquestar
una red de financiamiento para el fondeo ilegal de las campañas. En Veracruz,
el tricolor nunca ha perdido una gubernatura en más de 70 años, gracias -en
buena medida- a esa estructura de compra de votos largamente arraigada y a los
altísimos niveles de corrupción.
Aparte
de la improbable acción legal en contra de Duarte y Herrera, el escándalo tiene
ya serios efectos en la estrategia del PRI.
La
operación electoral se realiza con el mayor sigilo y las peores mañas debido a
la beligerancia de la oposición y al juicio de la opinión pública local y
nacional, a la vez que se implementa con la mayor celeridad posible, debido a
la presión de los altos mandos del tricolor estatal y del mismo gobernador, a
quienes urge la recuperación de –al menos- la mitad de los municipios para
estar en condiciones de competir con ventaja en 2016, a solo dos años de los
comicios presidenciales.
El
resultado de las elecciones de este 7 de julio reflejará hasta qué punto la
maquinaria priista superó el escollo para tornarse en la aspiradora de votos
que es, amén del control de los organismos electorales y otras instancias de
poder; o si sucumbió a las grillas y la desorganización internas en medio de
las prisas y la falta de liderazgo.
El
hilo puede romperse, y el PRI de Veracruz quedarse a la deriva, salir
debilitado en las elecciones y enfrentar las de los próximos 3 años bajo el
fantasma de perder la gubernatura por primera vez, ante una ciudadanía ahora
más activa, o, si no, más crítica (el efecto de las redes sociales).
Un
ejemplo de esta nueva conciencia civil en el estado fue la participación de una
gran parte de la sociedad veracruzana en las actividades realizadas por el
movimiento YoSoy132 y otras agrupaciones sociales durante las elecciones de
2012.
Algunas marchas convocadas por la organización juvenil fueron
multitudinarias en varias regiones del estado, especialmente en la capital de
Xalapa, una de las ciudades de la República que reportó una amplia mayoría de
votantes a favor de López Obrador en la contienda de ese año.
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